Novedades

Colombia está en una encrucijada. Varios caminos se le cruzan. En uno de ellos las ex-FARC mafia quedan relegadas al basurero de la historia en un corto período de tiempo. Sin embargo, hay otros escenarios menos halagüeños.

A continuación se presentan tres posibles caminos para Colombia y los guerrilleros disidentes:

1. El mejor escenario: Las ex-FARC mafia desaparecen gradualmente

1.1 – El proceso de paz: Si bien el proceso de paz ha sufrido traspiés, la gran mayoría de los exguerrilleros parecen comprometidos con la paz y no tienen ningún deseo de volver a una vida de violencia y delincuencia. El gobierno puede tranquilizar a los que aún permanecen en el proceso, intensificando la financiación y la implementación en los 170 municipios establecidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En estas condiciones, las deserciones del proceso de paz serán mínimas y el gobierno podrá consolidar gradualmente la presencia estatal en áreas anteriormente bajo influencia de las FARC.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

1.2 – Actores criminales: Las ex-FARC mafia no logran unirse y, de hecho, terminan enfrentándose entre sí por el control de las economías ilegales, como el narcotráfico, la extracción de oro o la extorsión. Esto ya está sucediendo en algunas partes del país, por ejemplo, en Nariño, donde el Frente Oliver Sinisterra ha estado luchando contra la Guerrillas Unidas del Pacífico por el control del comercio de cocaína. En este escenario, los exguerrilleros no dan muestras de ningún compromiso ideológico y simplemente se convierten en pequeños actores en un panorama criminal cada vez más fragmentado.

1.3 – Economías criminales: El gobierno, a través de su programa de erradicación y política de seguridad, logra estrangular económicamente a las ex-FARC mafia, atacando sus fuentes de financiación de manera sistemática. En la actualidad, la erradicación de los cultivos de drogas es central en la política del gobierno y se han fijado metas ambiciosas de 80.000 hectáreas de coca para 2019. Según datos de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), de la Casa Blanca, los cultivos de coca, tras un explosivo crecimiento durante años, se nivelaron en 2018. El gobierno está ahora listo para comenzar a reducir significativamente las plantaciones de drogas.

En este escenario, el gobierno ejercería un fuerte impacto en la minería ilegal —otra gran fuente de ingresos para las ex-FARC—, utilizando herramientas como la Fuerza de Despliegue contra las Amenazas Transnacionales, FUDAT). Gracias a las investigaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y al uso efectivo de la ley de incautación de activos por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los ingresos y activos de las ex-FARC mafia serán sistemáticamente atacadas y debilitadas.

1.4 – Política de seguridad: mediante una estrategia integrada y cohesionada, como se establece en la doctrina de seguridad del gobierno, la Política de Defensa y Seguridad, el estado atacaría a las ex-FARC mafia, reduciendo gradualmente su alcance territorial, matando o capturando a sus líderes y aislándolos de la población civil. Las ex-FARC mafia serían desmanteladas gradualmente. Ya ha habido algunas victorias importantes, como la muerte de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, en diciembre de 2018, y la de Edgar Mesías Salgado Aragón, alias “Rodrigo Cadete”, en febrero de este año. En este escenario, el gobierno también podría introducir todos los elementos del Estado en las zonas remotas donde los disidentes operan actualmente, proporcionando servicios básicos y protegiendo los derechos de los habitantes.

1.5 – Entorno político: el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) comienza a ganar tracción, no solo en las zonas rurales que antes estaban bajo influencia de las FARC, sino además entre los votantes urbanos. Las amenazas contra la actividad política de la FARC se minimizan, y los excombatientes ven que hay verdaderas oportunidades democráticas para ellos, y que existe una competencia justa y abierta para los cargos políticos a nivel municipal, departamental y nacional.

1.6 – Venezuela: el presidente Nicolás Maduro es destituido, hay elecciones y Colombia cuenta una vez más con un gobierno democrático en Caracas, como un socio confiable y dispuesto a colaborar. Este nuevo gobierno lucha contra los integrantes de las ex-FARC mafia en suelo venezolano y coopera con Colombia para ofrecer seguridad en la frontera entre las dos naciones.

1.7 – Panorama internacional: Vecinos como Panamá, Brasil, Perú y Ecuador cooperan en la lucha contra la presencia de elementos de las ex-FARC mafia que operan en su territorio. Se fortalece la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Estados Unidos intensifica la ayuda dirigida a Colombia, destinada a fortalecer el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional. La comunidad internacional se alinea contra las ex-FARC mafia.

1.8 – Conclusión: Esta sería la continuación de las mejoras graduales que Colombia ha experimentado desde mediados de la década de los noventa, cuando existía el temor de que las FARC pudieran tomar el poder y el país se convirtiera en un narcoestado. Siempre habrá obstáculos en el camino, pero a largo plazo ha habido mejoras graduales en términos de reducción de los homicidios, respeto de los derechos humanos, desarrollo económico y mayor presencia estatal en todo el país. En este escenario, el gobierno de Duque puede estar en una mejor posición de la que ha tenido hasta la fecha, y por lo tanto implementar muchas de las políticas establecidas en el Plan de Seguridad y Defensa anunciado por el presidente en febrero de 2019. Si bien las ex-FARC mafia no serían erradicadas durante la administración Duque, se debilitarían gradualmente y perderían relevancia con el tiempo.

El director de una prisión de máxima seguridad de Honduras fue asesinado a plena luz del día, lo que representa el crimen más reciente de una cadena de homicidios que se han cometido tras la condena por narcotráfico dictada en Estados Unidos contra Tony Hernández, hermano del presidente hondureño.

El 12 de diciembre pasado, varios hombres armados le propinaron por lo menos seis tiros a Pedro Ildefonso Armas, director de la prisión El Pozo en el norte de Honduras, cuando este se desplazaba en una camioneta Toyota por la carretera panamericana, cerca de Marillal, en el departamento de Choluteca, al sur del país, según información de La Prensa.

Aunque no es claro por qué se produjo el ataque contra Armas, él había denunciado amenazas de muerte recientemente. El funcionario había sido suspendido de sus funciones como director de El Pozo, centro carcelario de estilo estadounidense en el departamento de Santa Bárbara, en límites con Guatemala, como parte de una investigación por el homicidio de Nery Orlando López, ocurrido el 26 de octubre último, según La Prensa.

Armas se encontraba hablando con López cuando un grupo de reclusos irrumpieron y le propinaron disparos y puñaladas en repetidas ocasiones hasta matarlo, en una escabrosa escena captada por una cámara de seguridad. 

El crimen y la violencia han existido durante siglos, en Latinoamérica y el Caribe, y en todo el mundo. Pero nuestra comprensión de por qué las personas cometen crímenes y por qué cometen crímenes en lugares determinados y no en otros sigue siendo incipiente. En algunos casos, los gobiernos han mejorado su investigación criminal o el control de áreas de alta delincuencia, también conocidas como puntos calientes. Pero para prevenir el crimen efectivamente se requiere una comprensión mucho más matizada de por qué los crímenes ocurren en un principio.

En varias ciudades colombianas, trataremos de lograr exactamente eso. De la misma manera que la tecnología ha permitido a la medicina profundizar en las causas de la enfermedad y desarrollar tratamientos más eficaces, “Big Data” permite un análisis más profundo de las causas de la delincuencia, para luego desarrollar intervenciones más efectivas para prevenir el crimen y responder cuando ocurre.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Sin Miedos. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

Como lo dijo el vicepresidente de Colombia y exgeneral Oscar Naranjo, la actual era de la innovación tecnológica ha generado los datos y las herramientas necesarias para ir más allá  de las recetas tradicionales en el control y la prevención del delito, y adoptar enfoques innovadores para entender y responder mejor a nuestros problemas más complejos.

Pero, ¿qué es exactamente Big Data y cómo puede ayudar?

Como dice Sandy Pentland, podemos entender el Big Data como las migajas de pan digitales que generamos en nuestro día a día. Datos derivados de llamadas telefónicas, pagos con tarjeta de crédito, interacciones en línea, uso de aplicaciones y muchos otros. Estas cantidades masivas de migajas digitales geocodificadas nos dan información sobre quién y cómo nos relacionamos, cómo nos movemos e interactuamos con los lugares que nos rodean, y qué caracteriza estos lugares, entre otros factores.

La mayoría de estos datos no son ni generados por el gobierno ni abiertos al público. Por lo general, están en manos de empresas privadas que ahora están empezando a pensar en la mejor manera de usarlos, tanto para los intereses privados como públicos. Algunas de estas empresas han llegado a acuerdos con instituciones de investigación para compartir segmentos de sus datos para que estas instituciones prueben su valor en la descripción y predicción de los fenómenos sociales y, en última instancia, para orientar recomendaciones de política pública.

Más allá de recetas tradicionales

Generalmente, las recetas tradicionales no sólo en la prevención del crimen, sino en el análisis de datos para el desarrollo, se han centrado en las características estáticas del individuo o de las comunidades. Estas incluyen, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la edad, el género, el nivel educativo, el empleo y otros. Si bien estos son ciertamente útiles, el big data nos dice mucho sobre cómo nos relacionamos unos con otros.

Cada vez más, la literatura en sociología, psicología y física social ha demostrado que estos atributos y nuestras redes sociales influyen fuertemente en nuestros comportamientos y decisiones. Entonces, sólo tiene sentido complementar nuestras estadísticas existentes con estos datos para aprender más no sólo sobre las personas, sino también sobre sus redes e interacciones. De hecho, los análisis que usan Big Data ya han demostrado ser útiles para predecir la difusión de enfermedades, los niveles de crimen y los patrones de transporte.

Las autoridades en Colombia han retirado a más de dos docenas de narcos que intentaban hacerse pasar como guerrilleros de las FARC para aprovechar los beneficios judiciales ofrecidos a los guerrilleros desmovilizados según los términos del acuerdo de paz logrado en 2016. Este episodio es otra señal de los obstáculos que plantea el floreciente tráfico de droga en el país para el proceso de paz.

Según una investigación realizada por El Tiempo, por lo menos 25 narcotraficantes aparecen en la lista de nombres de más de 3.800 presos que entregaran al gobierno las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según lo pactado en el acuerdo de paz firmado el año pasado, los miembros confirmados que aparecen en la lista de las FARC serán liberados para sumarse al proceso de desmovilización.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó los hallazgos de El Tiempo en un comunicado emitido el 10 de septiembre, donde subraya que ninguno de los 25 delincuentes obtendrá beneficios judiciales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre paz con las Farc

Las dos docenas de narcos representan la diversidad del hampa colombiano. Cinco extranjeros, entre ellos un ciudadano mexicano que sirvió como intermediario para el cartel de Sinaloa y Los Zetas, dos italianos que trabajaban como intermediarios para la ‘Ndrangheta, y el “Pablo Escobar” ecuatoriano Washington Prado Álava todos aparecieron en la lista, además de miembros de alto rango de diferentes grupos nacionales, como Los Rastrojos, La Constru y Los Urabeños.

Aún no es claro cómo exactamente terminaron estos capos en el censo de guerrilleros presos de las FARC. Según otro artículo aparecido en El Tiempo, varias organizaciones no gubernamentales se encargaron del sondeo inicial de presos políticos, la entregaron a las FARC, y ellos a su vez produjeron la lista final.

Al mismo tiempo, se ha acusado a dos abogados de buscar narcos presos que estuvieran dispuestos a pagar $5 mil millones de pesos colombianos (US$1,7 millones) para colar su nombre en la lista, aunque no se conoce si hubo implicación de guerrilleros actuando en connivencia con ellos. Las FARC aún no responden a las revelaciones.

“El miembro de las FARC que se esté prestando a negociaciones delictuosas para colar narcotraficantes o personas que no pertenecen a la organización pierde toda suerte de beneficios”, estipulados en los acuerdos de paz, advirtió el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera en comentarios divulgados por El Tiempo.

De la lista anterior de 14.000 miembros desmovilizados entregada por las FARC, las autoridades confirmaron alrededor de 11.300 como combatientes. Otros 350 nombres de presuntos guerrilleros desmovilizados, milicianos y miembros encarcelados sigue en revisión.

Análisis de InSight Crime

Como ya lo había señalado InSight Crime, el hecho de que haya narcotraficantes buscando hacerse pasar como integrantes de las FARC es una muestra de los intrincados vínculos entre el conflicto guerrillero y el negocio de la droga. Los dos italianos mencionados, por ejemplo, habían hecho tratos de drogas con las FARC en el pasado.

Además, la depuración hecha por el gobierno de narcos que intenten recibir un trato preferencial en el marco de los acuerdos de paz es una señal positiva de su intención de evitar los errores de anteriores acuerdos de desmovilización, como el firmado hace una década con los paramilitares de extrema derecha, el cual fue aprovechado por muchos capos.

La reestructuración de la seguridad nacional en la República Argentina requiere una mirada que los coach de liderazgo llamarían “separada del problema”. Una reforma fundacional no va a salir de adentro de las fuerzas. Es importante entender que sería de gran utilidad realizar las modificaciones necesarias para asignar el proyecto a un organismo específico y eventualmente designar un cuerpo de expertos con participación pública y privada ad hoc que diagnostique y planifique una reforma profunda durante el tiempo necesario junto con la implementación de un proceso de transición para mitigar riesgos y a su vez cumplir los objetivos propuestos con el consenso y en coordinación con los actuales organismos.

Autor: Ignacio Perez Rovere, Director de Operaciones de Dark Star Group, analista de Ares World Defense, miembro del Think Tank Defense and Security Group y asesor de entidades privadas y gubernamentales.  ipr@darkstargroup.org

Buenos Aires, Argentina – Tras diversos eventos e incidentes que captaron la atención pública durante los últimos meses en Argentina, como cierta vulnerabilidad detectada en el sistema de seguridad presidencial, objeciones al empleo de fuerzas de seguridad contra manifestantes o grupos minoritarios violentos, y la crisis naval en ciernes, el actual gobierno argentino se encuentra ante el dilema de qué hacer con las estructuras actuales de defensa y seguridad. La estructura cerrada y corporativa de las mismas no estimula la libertad de opinión a sus miembros, por lo que el asesoramiento por parte de la mayoría de los interlocutores militares o de seguridad hacia los políticos, está por lo menos viciado de un conservadurismo o corporativismo que impide la sincera auto crítica, e incluso impiden un sincero diagnóstico o intercambio de ideas.

Es natural que funcionarios de fuerzas armadas y de seguridad en actividad o retirados con prestigio en sus respectivas fuerzas tengan miedo a las acusaciones de sus propios camaradas al plantear reformas que puedan ser entendidas como perder terreno, recibir el apoyo de especialistas fuera de la fuerza de la que pertenecen, priorizar asignaciones presupuestarias a fuerzas o armas ajenas, o simplemente reconocer que se está recorriendo un camino equivocado involucrando a actuales conductores. El mismo problema existe con los consultores independientes, ya que muchos de ellos tienen background en las fuerzas que son objeto de análisis, por lo que tienen un condicionamiento psicológico y social.

Desde el punto de vista de la cooperación, las instituciones (en Argentina y en el resto del mundo) son naturalmente egoístas a la hora de compartir información y recursos con otros organismos, lo que lleva a la duplicación de tareas, la compartimentación de la información y a la generación de vulnerabilidades, que bien podrían ser mitigadas con medidas preventivas y operaciones conjuntas. Muchas de las vulnerabilidades son generadas por guerras internas en busca de aumentar el espacio de poder en las que se perjudican unas a otras. De esta manera las fuerzas toman posiciones de autoprotección, siendo la primera norma que utilizan el no mostrar una debilidad en un área para evitar las reprimendas políticas o que la misión pueda ser asignada a otra fuerza, perdiendo toda capacidad de anticipación a las crisis al no reconocer vulnerabilidades.

Respecto a la especialización y a la posibilidad de conducir planes de reforma a largo plazo, los funcionarios militares rotan demasiado rápido como para estar interesados en cambiar un status quo, sumado a que muchas veces su expertise en una función no elegida sino asignada no es suficiente para comprender el camino para mejorar, y donde pedir colaboración puede ser interpretado como debilidad o incapacidad para su función. Tras muchos años donde existieron negociados y situaciones irregulares por parte de funcionarios militares y de seguridad cercanos al poder, pareciera que hoy es condición suficiente la honestidad y no necesariamente la idoneidad.

Normalmente los funcionarios de estas fuerzas utilizan el discreto consejo de ex miembros de las mismas que tienen, salvo contadas excepciones, una mirada cerrada y antigua de problemas nuevos y dinámicos, manteniéndose en el círculo vicioso, con el agravante de que normalmente tienen opiniones sesgadas por intereses de proveedores de equipos interesados en instalar sus productos. A su vez, los funcionarios de defensa y seguridad descreen de la capacidad de los políticos de cumplir promesas y objetivos a largo plazo, por lo que saben que lo único que les dará seguridad en sus carreras es el estar bien con sus superiores y no el ser sincero con funcionarios políticos que pueden cambiar de puesto o de opinión antes de lo esperado. También se observa como factor retardante que funcionarios políticos fallan en la conformación de equipos de expertos con aptitud para implementar proyectos que impliquen reformas estructurales.

Si el Gobierno Nacional finalmente se decidiera a encarar la reforma estructural mencionada, debería tener en cuenta que la naturaleza de la tarea por delante es sensible y en muchos aspectos confidencial, por lo que deben estar creadas las condiciones para que los equipos de trabajo que participen cumplan con reglamentaciones de acceso a la información, muchas de las cuales no existen en el país. Por otra parte, la opinión pública y en especial el periodismo tienen que entender que no se puede dar un debate tan sensible a puertas abiertas y con libre participación tal como están acostumbrados a ver. Es realmente vergonzoso el nivel de falta de control de la información por parte de miembros de las fuerzas y de los respectivos ministerios, ante cualquier crisis en forma viral cualquier ciudadano cuenta inmediatamente en cualquier red social en la que esté conectado de información confidencial o sensible que fue obtenida por peritos, funcionarios públicos, investigadores etc, y que más allá de poner en riesgo las operaciones, afectan a la reputación de las víctimas o familiares de los protagonistas de las crisis.

Hay un largo camino por recorrer, pero antes de comenzar hay muchas cosas tareas previas que preparar. Menciono a modo de ejemplo algunas de ellas: un profundo diagnóstico de situación que incluya un análisis de riesgos, la formación de equipos de estudio especiales, la definición y/o revisión del sistema de acceso a la información, la confirmación o re definición de objetivos estratégicos y de la misión de las instituciones, la implementación de un plan durante un período de transición, que puede implicar alianzas regionales para mitigar vulnerabilidades, la asignación del presupuesto correspondiente, y probablemente la creación de un organismo de coordinación de estas actividades. A partir de ahí comienza el trabajo. Analicemos estos factores en forma individual.

Diagnóstico

Hay dos aspectos a considerar en un diagnóstico de estas características. El primero es el Análisis de Riesgos, que significa identificar las situaciones equivalentes a las recientemente vividas que con cierta probabilidad de ocurrencia tengan un fuerte impacto (los eventos pueden ser incidentes en plantas nucleares, depósitos de munición, siniestros de aeronaves, actos de terrorismo, emergencias naturales, etc). Tal vez algún incidente de relevancia esté en proceso de ocurrir y pueda ser detectado a tiempo. Por otro lado, existen situaciones coyunturales a identificar como la necesidad de adaptar las Fuerzas Armadas y de Seguridad a las nuevas amenazas y al uso de la nueva tecnología. Hay deficiencias que muchos comparten, pero pocos se animan a mencionar, pero podemos enumerar algunas tomadas al azar en ambos ámbitos:

Ø La necesidad de tener una adecuada capacidad coordinada de respuesta a emergencias (inclusive eventos de terrorismo), lo que requiere la adecuación de la estructura de seguridad nacional y de capacitación de sus miembros. En este aspecto es necesaria la coordinación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Ø Una adecuada coordinación operativa entre Fuerzas Armadas, lo que requiere implementar definitivamente el concepto de “conjuntez”, centros de entrenamiento conjuntos con orientación al entrenamiento por misión, bases de datos conjuntas e inteligencia conjunta.

Ø Optimización tecnológica especialmente en lo que significa procesamiento de datos y ciberguerra en el caso militar. En este punto las Fuerzas de Seguridad deben poder contar con bases de datos unificadas y capacidad de chequeo de antecedentes y reporte de incidentes en tiempo real en todo el territorio nacional, y deben poder compartir información con el Poder Judicial Nacional y Provincial.

Ø Desarrollo de la industria nacional de defensa y seguridad. Esto significa un punto muy pocas veces desarrollado: el desarrollo de negocios, lo que significa buscar clientes, participar en eventos internacionales, y comenzar a ser realmente competitivos.

Ø Formación de un cuerpo de investigaciones que opere como organismo anticorrupción de las Fuerzas de Seguridad separado de las mismas. Es claro que el eje de la ineficiencia de las policías especialmente provinciales es la corrupción, muchas veces facilitando o regulando las operaciones del crimen organizado.

Ø Optimización de la seguridad presidencial. La misma tiene varios componentes que no tienen el mejor equipo ni la mejor relación entre sí. Es razonable organizar bajo la misma dependencia jerárquica (Casa Militar), un cuerpo profesional específico que cuente con su centro de entrenamiento, con su política de reclutamiento y con medios propios. Precisamente en este campo existen históricas disputas internas de poder como se mencionó al principio de la nota.

Ø La necesidad de reformular la educación de los cuadros de todas las Fuerzas para que se enseñen herramientas de liderazgo y resolución de problemas y en el caso de las Fuerzas de Seguridad en particular se tenga tolerancia cero al ingreso de aspirantes y cadetes con intenciones poco éticas.

Ø Reforma de las políticas de personal de las Fuerzas, priorizando el ascenso por capacidad y no por permanencia en la misma. Se debe fomentar la educación y capacitación, y ser inflexible en los casos de conductas delictivas.

Ø Re-estructuración de las unidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En el primer caso se pueden construir una cierta cantidad de bases conjuntas o “fuertes”, tal como existen en las FFAA Americanas (Fort Bragg, Fort Benning) con participación conjunta y/o interarmas y medidas de seguridad de infraestructura crítica. Hoy existen números regimientos o bases con mínima seguridad perimetral, sumamente vulnerables en caso de conflicto a las operaciones especiales de enemigos o insurgentes, y con una importante complejidad logística. Muchas veces estas bases o regimientos están cerca geográficamente entre sí, pero lejos de los elementos logísticos que necesitan. En la distribución territorial existen grandes unidades de combate alejadas de aeropuertos y de puertos, y así hay una gran cantidad de ejemplos, viéndose esta división inclusive en el territorio antártico.

Como se puede ver fácilmente al enumerar sólo algunos ejemplos que son la punta de un iceberg, se debe estudiar, catalogar y enumerar detalladamente aquello que no funciona dentro de las fuerzas, y desarrollar aquellas capacidades que no están implementadas, para lo que hay que basarse en modelos de éxito, lecciones aprendidas en operaciones por parte de otras fuerzas adaptadas a la realidad, y una profunda comprensión de los objetivos y proyectos políticos de los próximos años. Es claro que el camino es largo y profundo, y que lejos están las soluciones políticas que solo buscan contentar a la prensa y contener a los ciudadanos disconformes, a las que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas. Como ejemplos de estas soluciones falsas están en el área seguridad la compra y exhibición de patrulleros por parte de intendentes y gobernadores, la reincorporación de policías retirados para aumentar el número y no la calidad, y ante los incidentes de delincuencia con víctimas los frecuentes cambios de cúpulas en sus cúpulas. En el campo de las Fuerzas Armadas el re-potenciamiento de material no prioritario. Pero el problema parece ser sistémico y no solo de funcionarios a reemplazar. ¿Qué es lo que falla? Las fuerzas tienen una organización y misión, pero principalmente un sistema de educación que debe ser adaptado a nuevos escenarios. El esquema actual fue diseñado para otras realidades y lo mismo le ha ocurrido a muchos otros países. Es natural que por las características mencionadas en estas instituciones los cambios no sean graduales y constantes sino que cada cierto período de año se deba reformular las misiones y estructura de las mismas, y cabe mencionar que hay ejemplos significativos de países vivieron estos desfasajes (lo hizo el Ejército Americano tras la guerra de Vietnam hasta adaptarse finalizados los ochenta, o el Ejército Inglés en los 80 re definido para cumplimentar la misión de lucha contra el terrorismo, el sistema de seguridad americano que tuvo que crear el Department of Homeland Security para crear la faltante “conjuntez” entre sus fuerzas lo que había permitido el accionar terrorista el 11 de septiembre, o la creación del nuevo Scotland Yard para combatir la corrupción policial e ineficiencia de la anterior institución en Gran Bretaña). Todos esos proyectos de cambio partieron de una crisis, de un informe de diagnóstico y de un plan.

Grupos de estudio especiales

Los mencionados países en numerosas oportunidades han atravesado estos cuellos de botella adoptando soluciones disímiles, ninguna mágica o inmediata, la gran mayoría dinámica y a largo plazo, pero con la firme decisión de llevarla a cabo. 

Es interesante analizar el caso de los Estados Unidos de Norte América, donde el gobierno utiliza organizaciones promocionadas sin fines de lucro con participación privada como la RAND Corporation o la estatal DARPA, quienes permanentemente investigan y fomentan descubrimientos técnicos que brinden soluciones a las fuerzas armadas y de seguridad, cuyos estudios y opiniones de asesores son tomados en cuenta tanto en las decisiones de los altos mandos como en el campo parlamentario. Normalmente producen “White papers” o informes que son puestos a disposición de los funcionarios, y fomentan la participación de todos los ciudadanos o empresas como medio de canalizar sus ideas cuando puedan aportar soluciones hacia los receptores adecuados.

Argentina tiene una oportunidad de favorecer este tipo de organizaciones, creando un Think Tank específico para las áreas de estudio, donde tanto representantes de la industria como expertos en determinadas áreas debatan y documenten soluciones superadoras en sus áreas de expertise, y sin fines de lucro, puedan colaborar con la gestión pública. De esta manera cuando tras algunos años de implementación haya funcionarios de defensa o seguridad los actuales funcionarios de defensa y seguridad se encuentren retirados o en otros destinos, la continuidad del proyecto puede estar asegurada.